El aumento del numero de separaciones y de divorcios, su impacto en las relaciones entre padres e hijos y la excesiva litigiosidad en la materia, propició la aparición de este profesional y su incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico como una vía alternativa de resolución de conflictos derivados en el ámbito familiar.

En España fue a raíz de una histórica sentencia dictada por el magistrado Pascual Ortuño en julio de 2013, en la que se planteó la necesidad de intervención de un profesional que interviniera en procesos de separación y de divorcio de especial virulencia cuando los intereses de los menores se vean afectados.

La figura del coordinador parental la podemos encontrar en la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor (estatal), reflejado en el artículo 236-3 del Código Civil de Cataluña, así como su encaje en el artículo 158 del Código Civil, el cual permite al juez adoptar las medidas oportunas para evitar que se perjudique al menor en el entorno familiar.

La Región de Murcia ya cuenta con sus primeros coordinadores parentales. Su designación se consensúa por los cónyuges y es designado por el juez. En caso de que estos no lleguen a un acuerdo, es el propio juez quien lo elige. El
coordinador parental se conduce mediante los principios de eficacia, especialidad y confidencialidad.

La neutralidad, por otra parte, no se predica de sus funciones, a diferencia del mediador familiar, ya que el coordinador parental,

“si bien ha de cooperar y mediar para que los progenitores se entiendan, ha de velar por los intereses de los hijos menores de edad en un proceso de separación o de divorcio. La mediación es voluntaria; la coordinación parental, no”.

Funciones de un coordinador parental

—Tiene potestad para entrevistarse con los progenitores, hijos y otros miembros de la familia, así como con profesores, psicólogos, psiquiatras o pediatras, con el fin de obtener de primera mano la información necesaria
sobre el entorno del menor.
—Consensuará con los padres las medidas que sean necesarias para que cese la situación de conflicto entre los progenitores. Se reunirá con los progenitores para llegar a puntos en común sobre materias, en ocasiones,
conflictivas como la fijación del calendario de visitas del padre a los hijos.

—Informará al juez en los casos en los que haya acuerdo o desacuerdo entre los cónyuges mediante informes remitidos al juzgado, entre otros asuntos.

Diferencias entre un mediador familiar y un coordinador parental

“La diferencia entre la mediación familiar y la coordinación parental radica en que la mediación familiar no es obligatoria para las partes; en cambio, el coordinador parental, al tutelar los intereses del menor en los procesos de separación y de divorcio, sí puede tomar decisiones que vinculen a los cónyuges”.

Los jueces de familia, a menudo, se ven obligados a «reeducar» a los padres cuando abusan de la demanda para intentar librar una batalla personal contra su pareja, utilizando a los hijos como forma de presión dentro de una custodia compartida. Porque un divorcio o una separación no son solo expectativas rotas; también supone desgaste emocional para los otros miembros de la familia. En los hijos, esto se traduce en bajo rendimiento escolar, melancolía o aislamiento; en los padres, que sientan que la relación con sus hijos cambiará.

En el Derecho de Familia suele ser habitual que el progenitor o los progenitores no cumplan con lo estipulado en el convenio regulador. La intervención judicial en este tipo de casos —sobre todo cuando los desacuerdos entre las partes son reiterados— se antoja insuficiente en algunos casos: hay factores psicológicos y afectivos muy complejos que no pueden ser controlados por jueces y fiscales.

La figura de un coordinador parental puede ser necesaria como nexo entre la familia y el juez. Puede aportar su experiencia para que esa dolorosa transición familiar derivada de la separación o divorcio se pueda «humanizar», minimizando, en la medida de lo posible, el daño que conlleva para el núcleo familiar.

El papel del coordinador parental no es perfecto: plantea interrogantes como la determinación de su papel en los casos en que los hijos menores hayan de ser oídos por el juez antes de adoptar una decisión.

¿Qué sucede si este no quiere hablar con su padre?

Puede haber una situación de conflicto a la que aún no se le ha dado una respuesta unitaria.

“Por otra parte está el coste de su intervención, que habrá de ser sufragado por los progenitores a partes iguales, lo que en situaciones de crisis económica por parte de los cónyuges puede ser problemático, especialmente, si ha sido uno de los cónyuges el que ha obrado de mala fe”.

No obstante, pese a todo, puede ser un interesante punto de partida para que una rama tan delicada como el Derecho de Familia reciba el impulso adecuado, acuciado por la excesiva lentitud y la falta de medios y, en muchos casos, la escasa voluntad de cooperación de los progenitores anteriormente aludida.

Si tienes alguna sugerencia o duda, puedes dejar un comentario o consultar a uno de nuestros especialistas en Derecho de Familia.

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El disfrute de los hijos en el periodo vacacional, es una tarea que en muchos casos no es fácil, llegar a un  entendimiento no siempre es sencillo y puede ser objeto de conflicto entre los padres, que aumentan si se pretende viajar fuera del país de residencia, puesto que aquí es dónde podemos encontrar los mayores problemas.

• La pensión compensatoria en la ruptura de parejas

Antes de continuar, vamos a tratar el caso que genera menos problemática: ¿es necesaria la autorización del otro progenitor para los viajes dentro del territorio nacional?

Para el caso de viajes dentro del territorio nacional con los menores, no debería de existir ningún problema, pues tras el divorcio o ruptura, entre los padres no es necesario un consentimiento del otro para realizar estos desplazamientos nacionales, incluidos los viajes en avión (por ejemplo, si queremos viajar a Canarias).

Esta es la regla , salvo que conste de forma contraria en la sentencia o en el convenio regulador, pero sí que será necesario, dependiendo del caso, el DNI o Pasaporte (en el ejemplo anterior, si queremos viajar en avión a Canarias, nos pedirán el DNI del menor).

¿Qué pasa si el otro progenitor no quiere entregar el DNI del niño para evitar así que se vaya de viaje?

Ante estas situaciones, deberemos requerir judicialmente a ese padre que se niega, para que cumpla con su obligación de entregar al niño tanto con ese documento de identidad, como con su tarjeta sanitaria.

• La custodia a favor del padre

Ahora llegamos a la pregunta que genera más problemas en el día a día: ¿es necesaria la autorización del otro progenitor para los viajes al extranjero con los hijos menores?

La respuesta DEPENDE DEL CASO:

•  Si ya tenemos una sentencia de divorcio o de guarda y custodia, y en dicha sentencia se recoge una cláusula que impide la salida de los menores del territorio nacional, salvo que se obtenga la autorización expresa del otro progenitor, en tal caso, es necesaria y preceptiva la autorización del padre o madre que no va a viajar con el menor.

•  Si no tenemos esta sentencia, o la tenemos pero no recoge la cláusula anterior, entonces en principio nada obsta a poder viajar con el hijo menor al extranjero. No obstante, lo desaconsejamos completamente: el intentar efectuar un viaje sin la autorización del otro progenitor es un riesgo considerable que podría perfectamente dejarnos en tierra sin opción alguna de viajar y perdiendo el importe de viajes habitualmente muy costosos.

• También será necesaria la autorización de los dos progenitores para el caso de que el menor o menores viajen solos o en compañía de terceras personas.

Y es que, ante todo, no debemos olvidar que se trata de menores de edad, que gozan de una mayor protección, y por eso, los agentes policiales en los controles fronterizos, examinarán minuciosamente la documentación aportada para la salida del territorio nacional, con el objeto de evitar sustracciones ilícitas y viajes donde el riesgo de no retorno del menor es muy acusado. Por ello, podrán exigir, si así lo estiman conveniente, además del DNI o pasaporte del menor, las autorizaciones de ambos progenitores, junto con los datos concernientes al destino y fecha de retorno del menor. Por eso, nuestro consejo es SIEMPRE contar con la autorización expresa del otro progenitor para viajar con los hijos menores al extranjero.

¿Dónde y cómo se solicita dicha autorización o permiso?

Las autorizaciones de los padres para que los menores puedan viajar al extranjero se pueden solicitar ante la Policía o Guardia Civil de la localidad de residencia del menor. Adjuntamos el siguiente enlace de la página del Ministerio del Interior: https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracion_permiso_viaje_menores.pdf

Además no tiene coste alguno, puede obtenerse en la misma Comisaría de Policía donde se solicita, pero se debe tener en cuenta que solo tiene una validez de 30 días.

¿Qué hay que hacer si el otro progenitor se niega a dar la autorización?

Si el padre que no viaja se niega a conceder la autorización o permiso, la misma podrá recabarse del Juzgado (del juez que dictó la sentencia de divorcio o medidas, o del de residencia de los menores, dependiendo del caso). El juez valorará las circunstancias que rodean el viaje planeado y decidirá al respecto.

Se tramita a través del procedimiento que viene regulado en la Ley 15/2015 de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria, y conviene hacerlo con suficiente antelación antes del viaje.

Las restricciones para el viaje de menores.

Como hemos dicho anteriormente, el viaje de menores, o con ellos, está sometido a restricciones específicas. Por lo que la policía de fronteras, tanto en el espacio Schengen como fuera de él, prestan una especial atención a los menores aunque viajen acompañados.

En caso de que viajen solos, el agente de fronteras exigirá, además de la identificación de los menores, y en su caso, de las terceras personas con las que viaje, la autorización de ambos progenitores.

Si el menor viaja con uno de los progenitores, y aunque no exista sentencia de divorcio o medidas que expresamente prohíba la salida del territorio nacional, es muy probable que el agente de fronteras exija la autorización del otro progenitor, más aún cuando tenga sospechas de riesgo de sustracción del menor al progenitor que ostenta la custodia.

En definitiva.

A pesar de que en la sentencia de divorcio no prohíba la salida del territorio nacional, aconsejamos tener el permiso o autorización del otro progenitor para poder viajar al extranjero (sobre todo, cuando es fuera del territorio Schengen).

Por tanto, si el otro progenitor se niega a darlo, deberíamos consultar a un abogado experto en familia a fin de recabar la autorización judicial.

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En algunos casos como puede ser  la custodia compartida en una separación, provoca el distanciamiento de los abuelos sobre los nietos, sin que los primeros puedan hacer gran cosa.

Este artículo tiene como objetivo dar luz a la situación de la comunicación y el régimen de visitas de los abuelos con los nietos menores de edad en situaciones de crisis matrimonial o parejas de hecho.

El Tribunal Supremo tiene sentada doctrina respecto al régimen de visitas de los abuelos con los nietos, y la necesidad de ser oídos por el juez.

Cabe señalar que en esta materia rige un criterio de alta flexibilidad, en sentido de que el Juez puede emitir un juicio prudente y ponderado, atendiendo a las particularidades del caso concreto,  basándose siempre y como guía fundamental en el interés superior del menor.

Con la base en ese interés, se prevé que se pueda suspender o limitar el régimen de visitas cuando se vea en los abuelos una influencia negativa sobre el nieto, influyendo en una conducta negativa hacia alguno de sus progenitores.

La influencia del interés del menor en la resolución del conflicto como guia de interpretación jurisprudencial, deriva de lo regulado por el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre los derechos del niño, estableciendo que los Estados parte de la convención deben respetar los derechos del niño, preservando su identidad, e incluyendo las relaciones familiares de conformidad con lo establecido en la ley.

Y de esta manera queda contemplado en el artículo 160.2 del Código Civil, cuando expresa que no se podrá impedir sin una justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, sus abuelos y otros parientes y allegados.

Que cuando se realice tal oposición, el Juez, por la petición del menor, de los hermanos, abuelos, parientes o los allegados, deberá resolver atendiendo a las circunstancias. En especial debiendo asegurar que las medidas que se puedan realizar para favorecer las relaciones con los hermanos, y éntre los abuelos y sus nietos, no infrinjan las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

Por ende, no se puede limitar el derecho de los menores a tener contacto con sus abuelos, con la base única de una falta de entendimiento de estos con sus progenitores. Así lo ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo en fecha 20 de octubre de 2011, y 12 de febrero de 2015 ente otras.

No cabe ampararse en un desconocimiento del legitimo derecho de los abuelos a tener un contacto directo y personal con sus nietos en cuanto les une una relación de parentesco tan próxima q justifica la existencia de un afecto ente ellos, por lo que la relación del nieto con sus abuelos es siempre enriquecedora, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2002.

En la doctrina del Tribunal Supremo añade respecto al régimen de visitas de los menores con sus abuelos, que todo lo mencionado anteriormente tiene que entenderse sin el perjuicio de tomar en cuenta la voluntad del menor que deberá ser oído al respecto.

EL DERECHO DEL MENOR A SER OIDO A LA HORA DE ESTABLECER UN REGIMEN DE VISITAS CON SUS ABUELOS

El derecho de los menores a ser escuchados viene regulado en el artículo 770.1.4º y en el artículo 777.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras nomas jurídicas.

Los cuales establecen que las exploraciones de menores en procedimientos civiles deben garantizar por el juez que el menor pueda ser oído en las condiciones idóneas para que pueda salvaguardarse su interés, sin la interferencia de terceros y con la ayuda de forma excepcional de un especialista cuando sea necesario.

A los menores se les oirá si tuviesen suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio, o por petición del Fiscal, de las partes o por los miembros del equipo técnico judicial, o también a petición del propio menor.

Respecto al derecho del menor a ser oído, el Tribunal Supremo ha realizado en su sentencia de 7 de marzo de 2017 algunas consideraciones.

En relación a una falta de exploración de una menor, la sala se pronunció haciendo mención a que reiteradamente ha señalado la necesidad de ser oído el menor en los procedimientos en que le afecten de forma directa. Señalando que cuando la edad y madurez del menor den a entender que tiene suficiente juicio, y en todo caso cuando sean mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se discuta sobre su guardia y custodia, sin que las partes puedan renunciar a la proposición de la mencionada prueba, y debiendo acordarse, en su caso, de oficio por el juez.

En definitiva, para que el juez decida  que no debe ser oído el menor, en base al interés de este, es preciso que el juez resuelva tal aspecto de forma motivada.

Es preciso traer en consideración lo referido en la Sentencia del Tribunal Supremo, sala primera de 15 de enero de 2018, en cuanto resolvió sobre un enfrentamiento de las relaciones entre el padre del menor con la abuela materna, encontrándose la madre fallecida, ambas partes estaban enfrentadas en la extensión que debe tener el contacto de la abuela con su nieto.

Con esta premisa, antes de cosificar la relación, y sin poner en tela de juicio las valoraciones jurídicas que contenían la sentencia que fue recurrida, es preciso proceder a la exploración del menor, preservando su intimidad para saber si, con base en el interés del menor, cabe reducir o no la relación personal existente entre la abuela y su nieto respecto a la que se venía manteniendo.

Por tanto, el alto tribunal estimó el recurso de casación y procedió a acordar  la nulidad de la sentencia recurrida, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la sentencia para que antes de resolver sobe la controversia objeto de debate, se oiga al menor adecuadamente.

Otro caso que debe ser mencionado es el de la Sentencia del Tribunal Supremo, sala primera, de 27 de septiembre de 2018, donde señala que la jurisprudencia de la sala se ha manifestado  en varias ocasiones a favor de las relaciones entre el nieto y su abuelos, poniendo de relieve la necesidad de que se produzca este tipo de contactos, y con la regla de no prohibir el derecho de los nietos a tener contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento entre estos con sus progenitores.

Entiendo que de los propios antecedentes de la norma, se establece que aun cuando la relación prioritaria sea paterno filial, debe tenerse especial atención en la relación de los abuelos y sus nietos, siempre en interés del menor, como señala la sentencia 713/2013 de 14 de noviembre.

Debe entenderse que en esta materia rige un criterio de gran flexibilidad, en cuanto el juez puede emitir un juicio prudente y ponderado, atendiendo a las particularidades del caso, y siempre teniendo como base el interior superior del menor.

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Una de las principales dudas sobre cuando empieza el deber de pagar una pensión de alimentos, si se tiene que pagar desde que se presenta la reclamación o desde que dicta el juzgado sentencia estableciendo el importe de la pensión.

Al respecto señalar que no es desde la sentencia, sino desde que se interpone la reclamación de la pensión de alimentos, es decir, desde la presentación de la demanda el obligado tiene que pagar la pensión de alimentos.

Imaginemos que una señora, que tiene dos hijos menores y actuando en su representación presenta una reclamación de pensión de alimentos contra su expareja en enero de 2018. El demandado se opone a dicha reclamación que se pide como pensión y se celebra juicio donde finalmente se dicta sentencia por el juzgado en septiembre de 2018 fijándose el importe de los alimentos a favor de sus hijos.

# La venta de la vivienda familiar después del divorcio

¿La cantidad que ha sido señalada en la sentencia debe abonarse con fecha de inicio desde que se dicta sentencia, o desde que se presentó la reclamación de la pensión de alimentos?

Pues en los casos en los que la pensión de alimentos se establece por primera vez, es de aplicación el artículo 148.1 del Código Civil, por el cual se establece que en caso de una reclamación judicial, los alimentos deben ser prestados por el progenitor deudor desde el momento que se presenta la demanda reclamando la pensión de alimentos, es decir, desde enero de 2018.

¿Y si ya existía una pensión de alimentos, siendo lo que se reclama y objeto de la discusión una modificación de la cuantía?

Sobre esta situación se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de enero de 2014, donde señala que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en la que se ha dictado, y por tanto será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá establecer el pago desde la interposición de la demanda, debido a que hasta esa fecha no había ninguna determinada.

Por lo que las resoluciones posteriores que modifican la pensión de alimentos serán eficaces desde el momento que se dictan, que es cuando sustituyen a las que estaban dictadas con anterioridad. Es decir, en este caso no tiene efectos desde presentación de demanda, si no desde que se dicta la resolución.

¿Existe un plazo para reclamar una pensión de alimentos a favor de los hijos menores, cuando aun no hay ni convenio ni sentencia?

No existe un plazo para solicitar la pensión de alimentos a favor de los hijos menores, por lo que la reclamación de pensión de alimentos es imprescriptible.

Aun cuando hayan transcurrido varios años desde que se cumplió la situación por la que era posible realizar la reclamación de la pensión de alimentos, se podrá solicitar en cualquier momento ante el juzgado su establecimiento.

Además volver a recordar, que cuando se trate de hijos menores de edad, la pensión deberá empezar a pagarse desde el momento de interposición de la demanda.

Otra situación que puede darse, y que por su relación merece de ser recogida en el presente artículo, es cuando aun no se ha dictado sentencia por parte del juzgado acordando el establecimiento de la pensión de alimentos, pero al existir hijos menores de edad de la pareja o matrimonio, existe con ellos una obligación por parte de ambos progenitores de cubrir unas necesidades mínimas de alimentos hacia ellos.

Las necesidades mínimas de los menores que consisten en el sustento, habitación, vestimenta, etc., y que es una obligación que si no es atendida voluntariamente por los progenitores, puede dar lugar a que esta falta de cuidado sea perseguida mediante denuncia por un presunto delito de abandono.

Debe recordarse que, una vez se ha dictado la resolución reconociendo la pensión de alimentos, se establece un plazo de prescripción de cinco años para proceder a la reclamación de la pensión de alimentos que este impagada. Por tanto, no es posible reclamar mediante una demanda ejecutiva las cantidades que resulten anteriores al plazo de cinco años desde que se dictó la sentencia concediendo la pensión de alimentos, conforme a lo establecido en el artículo 1966 del Código Civil.

La prescripción del plazo de reclamación de estos cinco años puede ser interrumpida mediante cualquier acto fehaciente por el que se requiera el pago, como puede ser un burofax.

# Cuando puede solicitarse la custodia compartida

¿Se pueden embargar bienes para el pago de la pensión?

Respecto a la posibilidad de que se embarguen bienes, entre los cuales puede ser el vehículo particular del obligado, la respuesta es que si es posible alzar el embargo, y cuando se ha dictado una sentencia que señale la obligación del pago de la pensión de alimentos, y se haya interpuesto una demanda ejecutiva, si el progenitor obligado no cumple de manera voluntaria pueden embargarse sus bienes.

¿Y si la persona es insolvente?

En caso de que al progenitor obligado no se le encontrasen bienes que embargar las cantidades pendientes por la pensión de alimentos, el demandante no podrá obtener las cantidades reclamadas, al estar el progenitor obligado en situación de insolvencia.

Esto no quita que la obligación del pago persista en el tiempo y vaya generando intereses, y si las circunstancias cambian y el obligado viniese a mejor fortuna tuviese que pagarlas. Por lo que es recomendable que cada cinco años se vaya ampliando y volviendo a insistir en la ejecución de lo impagado para que la obligación no prescriba.

Es importante señalar, que aunque el progenitor obligado no tenga bienes o ingresos con los que pueda realizar el pago de la pensión de alimentos, si la sentencia estableció la obligación de pago de una pensión a sus hijos y este no paga, puede incurrir en un delito de abandono por impago de pensión de alimentos acordada por sentencia judicial, lo que puede conllevarle  a tener consecuencias penales.

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Las parejas de hecho es una situación jurídica de formalizar una pareja que ha ido cogiendo fuerza estos últimos años, de modo que la regulación que se ha ido realizando sobre esta figura es bastante temprana, teniendo una normativa diferente dependiendo de la CCAA, puesto que no tenemos una normativa única para todo el territorio español.

Que la regulación legal sea reciente, no quita que existan parejas que llevan conviviendo como pareja de hecho desde hace muchos años, y que con la ruptura de la pareja, alguno de los integrantes se pueda plantear si tiene la opción de pedir algo equiparable a lo que se denomina en el régimen matrimonial como pensión compensatoria.

En primer hay que tener claro que no es posible obtener una pensión compensatoria pidiéndola por analogía del artículo 97 del Código Civil, previsto para los casos de ruptura de matrimonio.

Esto se debe a que para poder solicitar el establecimiento de una pensión compensatoria conforme al artículo 97 del Código Civil, es un requisito necesario y previo, que la pareja esté unida mediante matrimonio.

El legislador, por tanto, no ha equiparado la pensión compensatoria en la ruptura de la pareja  de hecho, a la pensión compensatoria que se tiene recogida para la ruptura del matrimonio.

De lo anterior, se deduce que la ruptura de la pareja de hecho, no da lugar al establecimiento de una pensión compensatoria, si esta es buscada por aplicación del artículo 97 del Código Civil, puesto que este artículo está pensado para el matrimonio.

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Para poder obtener una indemnización debido a la ruptura de la pareja de hecho, es necesario irse utilizar otras vías de analogía, uno de ellos es mediante la reclamación de la figura del enriquecimiento injusto, siempre que concurran los requisitos que la jurisprudencia tiene establecidos para su aplicación.

Al respecto se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno de 12 de septiembre de 2005, de la que merece destacar algunos aspectos.

Que para el estudio de pretensiones indemnizatorias en caso de ruptura unilateral o no de una unión de hecho, al tratarse de un supuesto carente de normativa legal, es necesario conocer las siguientes posiciones:

1º.  La posición existente sobre la regla general de negar efecto económico alguno a favor de uno de los miembros de la pareja en caso de una ruptura.

Los efectos económicos solamente serán los que los propios integrantes de la pareja de hecho hayan pactado, con la misma libertad de pacto con la que estos decidieron unirse, y sustentados en los limites generales del artículo 1.255 del Código Civil.

Por ende, a falta de un pacto previo, cada uno asume las consecuencias económicas derivadas de la ruptura, pues si libre fue la unión como pareja de hecho, libre también debe ser la ruptura.

En base a esta doctrina general, se fomenta la madurez y responsabilidad a la hora de la toma de decisiones, afrontando de cara la realidad social y huyendo de soluciones paternalistas, fáciles en formulación, pero de muy difícil fundamentación constitucional y legal.

Puesto que una regulación de tales características tiende a proteger al miembro más desprotegido, pero debe preguntarse: ¿más desprotegido por qué y por quién?, o dicho de otro modo, si la protección que se da es la pensada para el régimen jurídico del matrimonio,

¿Dónde está esa desprotección?

puesto que en este régimen se excluyo consciente  y voluntariamente la figura de la parejas de hecho.

2º. También se debe mencionar la otra postura, que basándose en la anterior, señala que esto no excluye el reconocimiento de unos efectos jurídicos a la ruptura unilateral de las uniones de hecho.

Pero estos efectos jurídicos serán derivados de la institución que en cada caso proceda aplicar, y no la del matrimonio.

De este modo, en la actualidad, es frecuente encontrar adquisiciones de vivienda proindiviso, o personas que lo adquieren con vistas a contraer matrimonio en un futuro próximo. En estos casos, las reglas deberán ser las de disolución de comunidad de bienes, o la división de la cosa común conforme a los artículos 400 y siguientes del Código Civil.

También es posible encontrar casos de enriquecimiento injusto o sin causa, pero la falta de causa nunca podrá identificarse con la decisión libre de unirse a otra persona sin casarse, formando una figura de múltiples variables jurídicas.

Para terminar esta posición, mencionar que no excluye radicalmente la aplicación del artículo 1902 del Código Civil, si no que exige la plena concurrencia de todos los requisitos, y rechazando que la simple voluntad de romper la pareja, aún sin mediar causa, no constituye culpa o negligencia que dé lugar a una indemnización.

> Custodia a favor del padre por influencia negativa de la madre

3º. La última de las posiciones, es la que permite la posibilidad de una reclamación indemnizatoria, fundamentándose en una aplicación de forma expansiva del los artículos 96, 97 y 1438 del Código Civil, utilizando la analogía para equiparar las parejas de hecho a la figura del matrimonio, al meterlas dentro del derecho de familia.

Por otra parte, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2018, entró a explicar la figura de las parejas de hecho, y a determinar el uso de las anteriores posiciones, dentro del ordenamiento jurídico actual:

Destacando que en el Derecho civil español, actualmente no existe una regulación general de las parejas de hecho aplicable a todo el territorio nacional. El legislador lo que ha hecho a sido equiparar algunos efectos del matrimonio a las parejas no casadas, como los artículos 101, 320.1, 175.4 del Código Civil, y artículos 12.4, 16.1.b y 24.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Pero esto no ocurre con la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil, pues se aplica solo para el caso de matrimonio.

Que son admisibles los pactos entre la pareja, al amparo del artículo 1.255 del Código Civil, que acuerden la previsión de compensaciones en el momento de la ruptura. Pero, no existe ninguna regulación que recoja para el caso de la disolución de la pareja de hecho, una compensación de ningún tipo, ni alimenticia por necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado en el hogar o para la otra pareja.

Esto se debe a la interpretación del Tribunal Constitucional en cuanto entiende que no cabe la aplicación por analogía legis de las normas del matrimonio a los casos de ruptura de la pareja more uxorio o unión de hecho, pero no descartando que pueda recurrirse, en caso de no haber pactos, a los principios generales, como por ejemplo a la figura del enriquecimiento injusto.

Por tanto, si es posible la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidación de las relaciones patrimoniales entre los miembros de la pareja de hecho, una vez disuelta, pues el Tribunal Supremo, se ha pronunciado a favor de su aplicación cuando concurren sus presupuestos, y también la ha desestimado en caso de existir una normativa específica de ámbito territorial que regule este supuesto.

Señalando para finalizar, que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, para realizar un reconocimiento de pensión compensatoria, al concurrir todos los presupuestos del enriquecimiento injusto en las sentencias de 17 de junio de 2003, y 6 de octubre de 2016.

Para más información sobre este tema, es preciso mencionar que en el ámbito territorial de la Región de Murcia, existe una regulación especial sobre las parejas de hecho mediante la Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicada en el BORM nº154 de 6 de julio de 2018.

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Sí es posible desheredar a un hijo, pero para ello no vale con la simple voluntad de hacerlo, deben cumplirse unos requisitos o circunstancias de fondo y de forma para su validez.

Desheredar a un hijo supone privarle de su legítima al heredero forzoso. Por tanto, se trata de un negocio jurídico que requiere unas determinadas causas y que se cumplan ciertas formalidades.

La figura de la desheredación se regula en el Código Civil en los artículos 848 a 857. El artículo 848 señala expresamente las casas por las que puede ser desheredado un heredero legítimo, el artículo 849 nos dice que debe realizarse en el testamento, expresando la causa concreta en la que se funde.

Además, es de importancia señalar que la certeza de la causa de desheredación corresponde a los herederos si el desheredado la niega.

¿Cuáles son las causas por las que se pude desheredar a un hijo?

Según lo establecido en el artículo 853 del Código Civil, son justas causas de desheredación las siguientes:

•  Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le
  deshereda.
• Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra (aquí entraría el
  maltrato psicológico).

Además, por el motivo de incapacidad por indignidad, se regula en lo referente a los hijos y descendientes, en el artículo 756 núm. 1º, 2º, 3º y 5º las siguientes causas:

• El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho a la legítima.
• El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada calumniosa.
• El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.
• El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

¿Qué efecto tendría la desheredación de un hijo?

El efecto principal de una desheredación realizada legalmente y con los requisitos que están establecidos, sería la privación del mínimo legítimo a la persona desheredada.

Es de importancia señalar que las donaciones que se hubieran recibido no quedan revocadas al realizar la desheredación. En cuanto a los hijos y descendientes del desheredado, estos ocuparán su lugar y pasaran a ser los herederos forzosos respecto a la legítima quitada al desheredado, cuestión recogida en el artículo 856 del Código Civil.

Si la desheredación se declara finalmente injusta, y por tanto se realizó sin que hubiese una causa legal o no se cumplieron los requisitos necesarios, esto supone la anulación de la institución del heredero para todo lo que perjudique al desheredado, pero continúan siendo validos los legados o las mejoras que no perjudiquen a la legítima.

Destacar que la desheredación puede quedar sin efecto en cualquier momento mediante la reconciliación entre el heredero ofensor y el ofendido.

¿Qué dice la jurisprudencia sobre la figura de la desheredación?

Aún estando tasadas las causas de desheredación y estando las reglas de cómo se realizan de forma clara y precisa, la realidad es que los conflictos de desheredación entre padres e hijos tiene una enorme casuística. Existen ciertos casos en los que los tribunales deben interpretar las normas relativas a la desheredación.

La desheredación supone privar al heredero de la legítima estricta.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de junio de 1988 trata sobre la desheredación de los hijos y el cónyuge, donde se abre la interpretación de “en cuanto perjudique al desheredado” que contiene el artículo 851 del Código Civil.

Señalando la sentencia que debe entenderse en el sentido de si el perjuicio se ha producido cuando al legítimo heredero se le ha privado de la legítima estricta pero no de la mejora. Pero que no tiene sentido su aplicación cuando el testador ha procedido a la desheredación de todos los hijos y solo quedan como beneficiaros los ascendentes.

Incumplimiento de la obligación de prestar alimentos

Sobre la base de una acción de impugnación de desheredación injusta, la Audiencia Provincial de Cáceres, en la sentencia de 23 de julio de 2004, resuelve sobre un caso en el que la actora ejercito la acción de impugnación del
testamento de su madre, en el cual había sido desheredada.

El motivo alegado en el estamento era el primero de los recogidos en el artículo 853 del Código Civil, la falta de prestación de alimentos.

El tribunal en este caso entendió que para que se diese la desheredación es necesario que la obligación de cumplir con los alimentos exigiera, en primer lugar una situación de necesidad, un requerimiento o una petición a los herederos legítimos sobre los alimentos, y por ultimo una negativa injustificada por parte de los herederos a prestar dichos alimentos.

En la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 11 de octubre de 2016,trata de la misma manera esta causa de desheredación, declarando la nulidad de la cláusula del testamento donde se estipula la desheredación, debido a no conseguir probar el resto de los abogados que concurría dicha causa.

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El maltrato psicológico como causa de desheredación

Esta causa, podemos encontrarla en la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictada en 10 de marzo de 2015. En ella el desheredado demanda a sus hermanos impugnando el testamento de su padre. Siendo
interesante destacar en la sentencia que realiza una analogía extensiva de las causas de desheredación recogidas en el Código Civil.

Considerando que el “maltrato de obra y la injuria grave” del artículo 853 del Código Civil, debe entenderse en sentido amplio y recoger no solo un maltrato físico o el recibir palabras injuriosas, si no también debe abarcar todo el daño y sufrimiento psicológico que es infringido por cualquiera de sus herederos legítimos.

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de enero de 2015, considerando el “maltrato de obra” incluye el maltrato psicológico al tratarse de un menoscabo a la salud mental.

Las injurias graves como una causa de desheredación

En un caso donde se pronunció el Tribunal Supremo, en la sentencia de 16 de julio de 1990, resolvió sobre un caso insultos por parte de unas hermanas sobre su padre, tratándose de un caso de injuria grave probada. Considerando el alto tribunal que la gravedad de dichas injurias es causa justa de desheredación.

El mismo Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de junio de 1990 también señaló, respecto sobre desheredación por injurias graves, entendiendo que estas deben concretarse y demostrar su existencia y gravedad.

Interpretación restrictiva en las causas de desheredación

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de junio de 1993, entendió que las causas de desheredación precisan de una interpretación restrictiva, y además requieren una justificación suficiente.

La Audiencia Provincial de León por su parte, en una sentencia de 15 de julio de 2004, realizo una interpretación restrictiva de las causas de desheredación, exponiendo que el ordenamiento jurídico sucesorio se rige por el principio de intangibilidad de la legítima, pues limita las facultades de la disposición del testador, de forma que la figura de la desheredación, al tratarse de una regla general, debe ser interpretada de forma restrictiva.

¿Tienes dudas con el tema de herencias? Consúltanos.

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Es una situación que se da cuando uno de los cónyuges aporta un bien privativo a la sociedad de gananciales a titulo oneroso.

Un ejemplo para que sea más claro:

Uno de los miembros del matrimonio, pongamos el marido, casado en régimen de gananciales con su mujer, es el propietario de una casa, un inmueble con carácter privativo debido a la herencia de sus padres.

El marido, en un momento dado, decide incorporar dicho bien inmueble que es suyo de forma privativa a la sociedad de gananciales, y lo realiza.

Con el paso del tiempo, el matrimonio se fractura y se disuelve la sociedad de gananciales debido al divorcio de la pareja.

Y es entonces donde surge la duda:

¿Existe algún crédito a favor del cónyuge que aportó el inmueble privativo, en este ejemplo el marido, en la liquidación de la sociedad de gananciales?

Para responder a esta cuestión, es necesario mirar primero dos preceptos del Código Civil:

El artículo 1323 Código Civil:

 “Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos”.

Y el articulo 1355 Código Civil:

 “Podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga”.

La respuesta a la pregunta que hemos realizado sería:

Que el cónyuge que aportó un bien privativo con carácter oneroso, en este caso el inmueble del marido adquirido por herencia, tendría un derecho de crédito consistente en el 100% del valor del inmueble contra la sociedad de gananciales.

Ahora bien, es muy importante que cuando el bien privativo, en este caso el inmueble se aporte a la sociedad de gananciales, se realice mediante por medio de una escritura notarial, y haciendo constar en ella que se realiza con carácter oneroso.

Por tanto, si nos basamos en el ejemplo antes expuesto:

Una vez separada la pareja, cuando se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales, en el procedimiento de divorcio o de instancia posterior, el cónyuge que aportó el bien privativo a la sociedad de gananciales, en este caso el inmueble adquirido por herencia propiedad del marido, tendrá a su favor un derecho de crédito contra la sociedad de gananciales, y con un valor que asciende a la cuantía del bien aportado.

Si tenemos en cuenta que cuando el marido hizo la aportación del inmueble a la sociedad de gananciales, este valoró la propiedad por una cantidad de 80.000 euros y así lo hizo constar en la escritura notarial, además se añadió que dicho valor se tendría en cuenta en el momento de una posible liquidación de gananciales.

En base a esto, cuando se proceda a la liquidación de gananciales, el cónyuge que aportó el inmueble, en este caso el marido, tendría a su favor un derecho de crédito por esa cantidad contra la sociedad de gananciales.

Hay ciertos aspectos muy importantes a tener en cuenta:

En primer lugar, que cuando se efectúe la aportación del bien privativo a la sociedad de gananciales, se haga constar en la escritura notarial el valor del bien y especifica que “la valoración del bien se tendrá en cuenta en caso de una liquidación de la sociedad de gananciales”.

En segundo lugar, es muy recomendable que la declaración de la aportación del bien ante notario sea aceptada por el otro cónyuge.

Estas medidas sirven para que el cónyuge titular exclusivo del bien privativo, en caso de aportarlo y un posterior divorcio, se asegure que en la liquidación de gananciales se le reconozca el crédito por un valor de la aportación.

En este sentido, tenemos la Sentencia de 11 de julio de 2014 de la Audiencia Provincial de Ávila, sección 1ª.

La cual señala por una parte, que queda acreditado por escritura pública que se aporto a la sociedad de gananciales la propiedad, dejando claro que era dueño con carácter privativo y realizo la aportación a título oneroso a la sociedad conyugal, aceptando el otro cónyuge dicha aportación, y señalando que será tenida en cuenta a la hora de una futura liquidación de la sociedad de gananciales.

Y por tanto la sentencia desestima el recurso planteado, en cuanto se solicitaba que no se incluyese en el pasivo del inventario la citada vivienda o valoración.

Pues el artículo 1398.1º del Código Civil prevé que el pasivo de la sociedad de gananciales estará integrado por las deudas pendientes de pago de la sociedad;

Y por tanto, si una de las partes realizó una aportación de un inmueble a título oneroso, es correcto que se incluya en el pasivo de la valoración que se hizo sobre la vivienda, debido a que el apartador del inmueble no recibió ninguna compensación por dicha aportación.

A la hora de de realizar una liquidación de la sociedad de gananciales entran muchos aspectos objeto de interpretación y valoración, así como múltiples aspectos de la situación del matrimonio que puede hacer variar a la hora de su partición, desde el despacho de abogados en Murcia ABAR Asociados nos ponemos a tu disposición como abogados expertos en derecho de familia para solucionar cualquier aspecto en relación con la liquidación de gananciales.

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¿La liquidación de gananciales puede ser causa para que se extinga la pensión compensatoria acordada por el juez en el proceso de divorcio?

Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ponernos en situación y ver el supuesto que dio lugar a la sentencia, para que se pueda ver similitudes y conexiones con otros supuestos parecidos.

En el año 1999, se dicta una sentencia de separación en la que se establece una pensión compensatoria a favor de la mujer ante su carencia de ingresos, sin señalarse una limitación temporal.

En el año 2005, se dicta la sentencia de divorcio, en la cual se mantiene la pensión compensatoria establecida en la separación.

En el año 2012 se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales, por el cual se adjudica a la mujer la totalidad de los inmuebles, los cuales se tasan por un valor aproximado de 884.000 euros.

En el año 2014 el ex marido solicitó la modificación de medidas definitivas, presentando demanda y solicitando la suspensión de la pensión compensatoria establecida a favor de su ex mujer.

El Juzgado de primera instancia le da la razón, y extingue la pensión compensatoria otorgada en el divorcio. Resolución recurrida en apelación por la ex mujer ante la Audiencia Provincial, la cual dicta sentencia donde se acuerda de nuevo mantener la pensión compensatoria a favor de la ex mujer, argumentando la audiencia los siguientes puntos:

• La Audiencia entiende que la liquidación de gananciales no es causa por sí sola para que se pueda dar lugar a la extinción de la pensión compensatoria.
• La transformación del patrimonio de ambos ex cónyuges se ha dado en base a criterios de igualdad.
• Por lo que la liquidación de gananciales no ha supuesto un enriquecimiento unilateral y ha detonado en una desigualdad en perjuicio del ex marido.
• La adjudicación a la ex mujer del patrimonio en la liquidación de gananciales no es razón para poder acreditar que el desequilibrio económico que dio lugar a la pensión compensatoria ha desaparecido.
• El mero transcurso del tiempo, desde 1999 que viene recibido la pensión, no es base suficiente para que se pueda dar lugar a la extinción de la pensión otorgada a favor de la ex mujer.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida ante el Tribunal Supremo, el cual señalo que la liquidación de gananciales puede dar lugar a la extinción de la pensión compensatoria, en base a los siguientes argumentos:

La influencia de la liquidación de gananciales en el cambio económico de la ex mujer y en la pensión compensatoria.

La ex esposa se había adjudicado, en el presente caso, durante el procedimiento de liquidación de gananciales la vivienda familiar, tres plazas de garaje, dos locales comerciales y dos vehículos, por un importe total aproximado de 884.000 euros.

La aplicación de lo señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo Número 217/2017 de 4 abril, donde se hace mención a que:

Debe tenerse en cuenta que cuando se fijó la pensión de alimentos, la mujer carecía de ingresos, debido a que la explotación ganadera de la familia la siguió administrando y gestionando el marido.

Pero, tras la liquidación de gananciales y la posterior adjudicación de los bienes a la ex mujer, esta si tiene ingresos puesto que puede alquilar las fincas adjudicadas y, además, una cantidad de 210.000 euros, que es el total de la pensión de 1.200 euros mensuales que le ha ido ingresando el ex marido mensualmente durante 14 años seguidos.

Circunstancias determinantes para dar lugar a la modificación de la pensión.

En el caso objeto de análisis, en base a la doctrina señalada y con la interpretación de los artículos 97 y 101 del Código Civil, el tribunal encendió que procede declarar la extinción de la pensión compensatoria al haber cesado la causa que motivo su establecimiento, debido a que ha desaparecido esa situación de desequilibrio.

Con la liquidación de la sociedad de gananciales, y la atribución de las propiedades a favor de la ex mujer, esos bienes pasan a ser productivos para uno de los cónyuges en exclusiva, pudiendo esta disponer de los mismos, vendiéndolos o procediendo a su explotación mediante su alquiler, lo que conlleva a una situación de estabilidad económica muy asemejada a la que se venía conociendo durante el matrimonio, con lo que al desaparecer esa situación de desequilibrio, es correcto proceder a la extinción de la pensión compensatoria.

Además el Tribunal Supremo señalo que los efectos de la extinción de la pensión compensatoria serían desde el momento en que se dictó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, en virtud del artículo 774.5 de la LEC.

En definitiva, en contestación a la pregunta inicial de si la liquidación de gananciales puede ser causa para extinguir la pensión compensatoria, se debe señalar que, si bien es cierto que se habrá que atender a cada caso concreto, la adjudicación de los bienes en la liquidación a la ex cónyuge que venia percibiendo la pensión compensatoria, si puede ser una causa para llevar a cabo la extinción de la pensión si con los bienes adjudicados se acredita que ha desaparecido el desequilibrio económico que dio lugar al establecimiento de la pensión.

A la hora de establecer una pensión de compensatoria entran muchos aspectos objeto de interpretación y valoración, así como múltiples aspectos de la situación personal de la pareja que puede hacer variar a la hora de su establecimiento, desde el despacho de abogados en Murcia ABAR Asociados nos ponemos a tu disposición como abogados expertos en derecho de familia para solucionar cualquier aspecto en relación con la pensión  compensatoria.

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Pero esto no siempre es posible, no pocas rupturas matrimoniales se realizan de forma como amistosa y acaban por iniciar un conflicto que busca dañar a la otra parte, en ocasiones con los hijos por medio.

La el uso de los niños como instrumento para dañar al otro progenitor en los procesos de divorcio o separación es, sin duda, una de las artimañas más habituales contra la que nos toca versar a los que nos dedicamos al mundo jurídico.

Es muy corriente el encontrarse como se sitúa al menor en el centro del conflicto, instando a su manipulación para usarlo como arma contra el otro progenitor, cuando no es usado como una moneda de cambio, pensando que esto no tiene sanción alguna.

Pues aunque esto puede llevar una consecuencia por nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que la respuesta suele llegar tarde o no llegar nunca, creando la incorrecta situación de impunidad ante el que utiliza a los hijos en su beneficio y con intención de alejarlo del oro progenitor.

Ahora bien, la justicia si que puede, y debe actuar en consecuencia ante tales artimañas. Por ejemplo, La Audiencia Provincial de Murcia (sección 4) en la Sentencia 589/2018 estima el recurso de apelación del padre, el cual solicitaba la guardia y custodia de su hijo.

La representación legal del padre alego la existencia de un error en la valoración de la prueba, en concreto el del informe pericial realizado por el Equipo Técnico adscrito al Juzgado, el cual determino que la custodia del menor debía ser atribuida al padre de forma exclusiva, puesto que de esta manera quedaría garantizado el intereses superior del menor.

El denominado interés superior del menor se cuenta en diversos preceptos de nuestra legislación, en los artículos 92, 93, 94, 103.1, 154, 158 y 170 del Código Civil, en el artículo 39.2 de la Constitución Española, entre otros.

Este interés del menor, es la base por encima de cualquier otro motivo, incluido los de sus padres parientes y allegados, a la hora de adoptar una medida de guardia y custodia de los hijos.

En el caso conocido por la Audiencia Provincial, el propio informe forense ya desaconsejaba la custodia compartida y era partidario de otorgarla a favor del padre, debido a la conflictiva relación existente entre los progenitores y el uso por parte de la madre de su hijo en el conflicto.

Sentencia de la custodia a favor del padre

El Tribunal Supremo indicó en la Sentencia de 29 de abril de 2013 que la viabilidad de la custodia compartida debe determinarse en función del análisis de determinados criterios, como el resultado de los informes exigidos legalmente y cualquier otros que permitan llegar a la convicción de que la convivencia del menor con ambos progenitores va a ser adecuada, y siempre teniendo en cuenta que la separación de la pareja va a conllevar más inconvenientes que cuando estos vivían en un mismo sitio.

La Audiencia Provincial de Murcia, en el caso concreto entendió acreditado que el comportamiento de la madre estaba afectando negativamente al menor, y le hacía participe del conflicto que tenia contra el padre, causando al niño miedo y posibles traumas emocionales, y esto conllevaba a que interfiriera la conducta de la madre en la relación del padre con su hijo.

Por otro lado, a la hora de valorar las capacidades y aptitudes del padre para con su hijo, y a la hora de poder asumir la custodia, se vio que en todo momento este favorecía la relación del niño con su madre, y no perjudicaba de ningún modo la figura de la otra progenitora, al contrario que ella.

El informe señalaba también que la circunstancia de que la madre cumpliese con las necesidades básicas del hijo, no es un obstáculo para el cambio de la guardia y custodia, pues esto no debe ser un impedimento debido a que la labor del progenitor no comprende solamente esa función, si no también otras de índole afectiva que ayuden al correcto desarrollo del menor.

Esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, nos pone ante la solución al uso de las malas artes contra los hijos buscando el perjuicio del otro progenitor, los adultos no deben permitir que sus conflictos personales acaben afectando a los niños y mucho menos poniéndolos en medio de la disputa, pues merecen tener una infancia y un desarrollo pleno, y recibir el afecto de parte de ambos progenitores.

Como puede verse, en la determinación custodia compartida entran muchos aspectos subjetivos, objeto de interpretación, así como valoraciones a tener en cuenta y consideración, así como múltiples formas de señalarse o establecerse, desde el despacho de abogados en Murcia ABAR Asociados recomendamos que si estas interesado en establecer un régimen de custodia compartida, o quieres evitarlo.

No esperes al último momento, para que tengas mayor margen de maniobra.

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Además se tiene que decidir quién se queda con el uso de la vivienda familiar, y quien debe salir de ella.

Lo más habitual, en los Juzgados de Murcia, es la atribución de la vivienda al progenitor a la que se le atribuye la custodia de los hijos menores.

Y en caso de que la custodia fuese compartida, el uso de la vivienda suele otorgarse al progenitor que tenga menos medios económicos para permitirse alquilar otra vivienda.

Cabe señalar que, en caso de que ambos progenitores tengan medios económicos suficientes, y valorando la existencia de propiedades anteriores al matrimonio y la relación entre los progenitores, se atribuya la vivienda a los hijos, la custodia de estos de forma compartida, y el uso de la vivienda de forma alternativa, teniendo los padres que ir entrando y saliendo de la vivienda por periodos alternos, normalmente de uno, tres o seis meses.

¿Si no me atribuyen el uso de la vivienda, tengo que seguir pagando la hipoteca?

Si, cuando la atribución del uso de la vivienda familiar es para uno de los progenitores, esto no significa que el otro tenga que dejar de pagar el 50% de la hipoteca.

Esto es debido a que el progenitor saliente sigue siendo copropietario de la vivienda, por tanto sigue siendo deudo de la hipoteca, así que tendrá que seguir pagando su parte de esta, aunque ya no viva en la casa.

Esta situación suele conducir a situaciones límite debido a que el progenitor que sale de la vivienda, no solo tiene que buscarse una nueva vivienda de alquiler, con el casto que ello supone, si no que tiene que seguir pagando la hipoteca existente en la vivienda que ha tenido que dejar.

Y si ya lo unimos a una pensión de alimentos a los hijos, puede dejar en una grave situación de precariedad.

Para evitar situaciones como esta, es recomendable tener un buen asesoramiento para buscar la mejor fórmula de solución al conflicto, puedes contactar gratuitamente con nuestros abogados.

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Ante esta situación de perjuicio económico, existe la solución de solicitar la liquidación de los bienes gananciales, que tras su realización puede ejercerse la división de la cosa común.

¿Qué es la liquidación de gananciales?

La liquidación de los bienes gananciales es básicamente la realización de todas operaciones necesarias, contenidas en los artículos 1396 a 1410 del Código Civil, para proceder a la determinación de las ganancias obtenidas durante el matrimonio, conforme al artículo 1344 del Código Civil, por cualquiera de los dos cónyuges y su posterior reparto entre ellos, o entre uno de ellos y los herederos si uno ha fallecido.

¿Qué es la división de la cosa común?

Pues es la respuesta al artículo 400 del Código Civil, que establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, y por tanto, cualquiera de los propietarios puede pedir la división del bien o derecho del que tiene una parte.

En términos legales es lo que se conoce como la “actio communi dividendo”, que es el derecho de cualquier copropietario a no tener que permanecer en una comunidad de bienes contras personas si no quiere, y por tanto, poder solicitar que se le entregue la parte que le corresponda.

Esto puede realizarse mediante la división del bien o, en caso de no ser posible dividirlo, vendiendo el bien y entregando a cada uno de los copropietarios su parte proporcional correspondiente.

Por tanto, si tenemos una vivienda que es propiedad de dos personas, cualquiera de las dos puede pedir la división de esta, puesto que la ley no le obliga a permanecer como copropietario con la otra persona si no quiere.

¿Cómo se divide la vivienda familiar?

Lo más común y recomendable es que la vivienda pase a una de las partes, compensando al otro copropietario en dinero, asumiendo el 100% de la hipoteca restante, o mediante ambas opciones conjuntamente, dependiendo siempre de la cantidad a compensar.

Otra opción, si ninguno quiere quedarse con la vivienda es la venta, pudiendo hacerse de mutuo acuerdo en inmobiliaria o también vendiendo en pública subasta judicial.

Si una de las partes se negase a la división, había que interponer demanda judicial con abogado en el juzgado correspondiente.

¿Se puede dividir la vivienda familiar si tiene atribuido su uso a unos de los progenitores?

Cuando, por sentencia de divorcio, separación o por las medidas paterno filiares sobre los hijos, a uno de los progenitores se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar, entran ciertas dudas de si este tiene preferencia a la hora de decidir sobre la división.

Pues aunque es cierto que el uso de la vivienda esta otorgada por una sentencia judicial, los Juzgados de Murcia han considerado, y en general toda España de manera clara, que es compatible el mantenimiento del uso de la vivienda familiar, con el derecho al copropietario a acabar con su copropiedad y a dividir la cosa común.

Existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, a raíz de la Sentencia de 22 de septiembre de 1988, señalando que cabe ejercicio de la acción de división de cosa común o la liquidación de gananciales sobre la vivienda atribuida judicialmente su uso a uno de los cónyuges, pero siempre que quede debidamente garantizado la subsistencia del derecho de uso otorgado judicialmente.

¿Cuál es la mejor solución a la hora de la venta de la vivienda familiar?

Teniendo en cuenta que se debe respetar en la división de la vivienda, el uso que tiene atribuida sobre ella por sentencia judicial uno de los cónyuges, la solución las lógica y que menos conflictos acarrearía, para compaginar los intereses de ambas partes, es la adjudicación del 100% de la vivienda a quien tiene su uso.

Realizando a cambio de la adjudicación, una compensación al otro copropietario del 50% del valor de la vivienda, pudiendo ser en dinero, haciéndose cargo del 100% de la hipoteca, o las dos opciones conjuntamente.

Esta será siempre la mejor opción, debido a que es respetuoso con la resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda, consolidando la propiedad y el uso en el cónyuge que la utiliza, y compensando económicamente y liberando completamente de las cargas al otro copropietario.

La otra solución más utilizada es la alternativa de la venta de la vivienda en pública subasta judicial, donde se debe respetar y mantener el uso otorgado judicialmente.

Esta solución no suele ser la más práctica y recomendable debido a que es poco corriente que un tercero entre a pujar una propiedad que no va a poder usar, al menos durante el plazo de tiempo de atribución de uso a uno de los cónyuges, y además, esta opción baja enormemente el valor de la propiedad.

Existen sentencias como la de 5 de febrero de 2013 del Tribunal Supremo, donde se adjudica el 100% de la vivienda al conyugue que tiene atribuido su uso, con la obligación de compensar a la otra parte por la división, y prefiriéndolo a que se realice la subasta, puesto que la adjudicación es una solución totalmente respetuosa con el derecho de uso atribuido judicialmente durante el divorcio o separación, consolidando su propiedad, y evitando los intereses del adjudicatario en pública subasta que no disfruta de la vivienda.

Como puede verse, en la venta de la vivienda familiar entran muchas opciones a tener en cuenta, factores de interpretación y valoración, así como múltiples formas de realizarse, desde el despacho de abogados en Murcia ABAR Asociados recomendamos que si estas interesado en ejercitar la acción de división de cosa común, o quieres evitar una adjudicación que te pueda perjudicar.

No esperes al último momento, contacta con nosotros para que podamos ayudarte y poder ofrecerte la mejor solución a tus problemas.

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